9.4.11

Lo inseguro de la seguridad democrática


Por Carlos Girotti (*)
Para los cultores de la mano dura, los nostálgicos del orden y las buenas costumbres y, en fin, para todos aquellos adictos compulsivos a abollar las ideologías ajenas, el concepto de la seguridad democrática es lo más incierto que hay: nunca saben dónde comienza ni dónde termina. Sin embargo, no pueden sustraerse a la certeza de que algo ya ha comenzado a cambiar lo cual –vaya la paradoja- les provoca una multiplicada sensación de inseguridad.
Entre los asesinatos del maestro neuquino Carlos Fuentealba y el joven militante Mariano Ferreyra han transcurrido poco menos de cuatro años. En ambos homicidios, como es sabido, les cupo a efectivos policiales el papel de ejecutores directos, o de encubridores y cómplices. El uniformado que mató al docente ya está juzgado y condenado, mientras que los que hicieron la vista gorda para que la patota de la Unión Ferroviaria cumpliera su cometido se encuentran bajo proceso. En cuanto a las autores intelectuales, el ex gobernador Sobisch –protegido por una Justicia disciplinada a su poder político- permanece impune, en tanto que Pedraza y su adjunto en el gremio continúan presos hasta su juicio definitivo porque, en este caso, la Justicia actúa con independencia. Conclusión ineludible: la estricta aplicación de la ley requiere de magistrados dignos de ser considerados como tales porque, cuando actúan en consecuencia, la noción de seguridad no queda circunscripta a la libre interpretación que puedan hacer las fuerzas que deben velar por ella.
También la propia noción de seguridad ha sido trastocada. La doctrina de no reprimir el conflicto social, instalada a partir del gobierno de Néstor Kirchner y continuada por la Presidenta Cristina Fernández, registra una profundización sin precedentes con la creación del Ministerio de Seguridad. Ya no se trata sólo de la aceptación de que el conflicto es inherente al avance mismo de la democracia y, por ende, la primera respuesta no puede ni debe ser la represiva; ahora, con este ministerio, lo que se pone de relieve es que en ninguna construcción democrática la noción de seguridad puede estar sujeta al autogobierno de las fuerzas destinadas a garantizarla.  El Protocolo de intervención presentado por la ministra Nilda Garré en el reciente Consejo Federal de Seguridad pone límites expresos y precisos a la actuación policial en situaciones de manifestaciones callejeras. Se reapropia así, para la esfera del interés público, la potestad de determinar qué cosa es seguridad o inseguridad cuando se trata de un conflicto social porque pone el acento en la preservación del derecho de los ciudadanos y no en la remanida autojustificación del accionar represivo.  Lo mismo puede decirse en cuanto a las políticas y criterios para la promoción y baja de los uniformados, las pautas para su adecuada formación democrática, las misiones y funciones de los cuerpos y todo aquello que, desde la creación del ministerio, viene acotando de manera ostensible el autogobierno de las fuerzas de seguridad. Otra conclusión ineludible:  la impugnación de la hipótesis de la inseguridad permanente –y su condición de factor legitimante-  reinstala para el control civil y ciudadano al gobierno no corporativo y democrático de las fuerzas de seguridad.
Finalmente, el impulso a los foros de participación e intervención comunitaria en los procesos de elaboración y control de las políticas públicas de seguridad, ubica el papel preponderante que la ciudadanía puede y debe tener en la gestión de todo un campo de la actuación estatal que, por definición, se estructura en función de su propio resguardo. Es decir, la ciudadanía deja de aparecer en el sentido común de la sociedad como un objeto de las políticas de seguridad para comenzar a manifestarse como un sujeto activo de las mismas. Los foros son una expresión de la dimensión territorial de estas políticas puesto que ellas serían impensables como una mera abstracción administrativa. O mejor dicho, serían impensables desde una óptica democrática ya que la concepción que hasta aquí ha sido predominante es, precisamente, la de una ocupación administrativa (comisarías) del territorio supuestamente inseguro. Otra conclusión ineludible: el territorio seguro se define fundamentalmente por sus expresiones ciudadanas y por todo aquello que hace a la vida en sociedad y no por el sentido de ocupación refrendado por la presencia de cualquier fuerza de seguridad.
Quienes añoran aquel paraíso moldeado a bastonazos y tiros no pueden sino  agitar el fantasma de la inseguridad permanente porque, en los hechos, tampoco pueden disimular cuán inseguros se sienten a medida que avanza esta seguridad democrática. Y no es para menos. Antes todo se arreglaba con asegurarles a los uniformados la administración de sus propios negocios para que estos actuaran según sus designios. Hoy eso es un poco más difícil y les da miedito.-

(*) Sociólogo, Conicet. 6 de Abril de 2011. ARTÍCULO PARA BAE